Con la inteligencia artificial, los abogados trabajan más rápido, pero un modo de facturación basado únicamente en el tiempo invertido puede reducir mecánicamente sus honorarios. Esta es la observación planteada por Emilie Poignon, abogada socia en Lexwell, inscrita en los Colegios de Abogados de París y Barcelona, quien aboga por una tarificación basada en el valor del asesoramiento.
La IA se utiliza ahora a diario en el trabajo jurídico, para buscar, comparar, sintetizar o estructurar información. Según la autora, ciertas tareas que requerían tres horas pueden realizarse hoy en una hora. Esta mayor eficiencia puede reducir los plazos para los clientes, pero revela una contradicción: cuando la remuneración depende del número de horas facturadas, el despacho que trabaja más rápido puede acabar facturando menos.
La tarifa horaria penaliza a los despachos más eficientes
Durante mucho tiempo, el tiempo invertido constituyó una medida relativamente comprensible. Un caso complejo requería más horas, más intervinientes, más investigaciones y más intercambios, y la factura reflejaba esa movilización. La IA modifica este vínculo entre tiempo, esfuerzo y resultado.
Un abogado puede ahora preparar más rápidamente una síntesis documental, detectar incoherencias en un conjunto de contratos u organizar las primeras líneas de un análisis. El trabajo sigue sujeto a su validación, su experiencia y su criterio, pero su duración de ejecución disminuye.
La paradoja reside en la inversión. El despacho financia herramientas, la formación de sus equipos, la protección de datos y la definición de procedimientos internos. Este tiempo de preparación, que permite luego trabajar rápido, no entra en ninguna factura horaria. Facturada exclusivamente por el tiempo invertido, una mejora del servicio puede, por tanto, provocar una reducción mecánica de los honorarios.
La contradicción ya existía antes de la IA. Un abogado experimentado puede a menudo identificar en treinta minutos una dificultad que un profesional menos avezado tardará varias horas en comprender. Esta experiencia es, de hecho, lo que suele fijar la tarifa horaria de cada interviniente.
El cliente compra una decisión segura, no un número de horas
El directivo que consulta a un abogado de negocios busca una respuesta que le permita avanzar: comprender los riesgos de una operación, asegurar un contrato, preparar una negociación o elegir entre varias opciones. El valor reside en la calidad del análisis, la pertinencia de la recomendación y la capacidad para jerarquizar los riesgos.
También depende de la consideración del contexto, ya sean las limitaciones internas, el calendario o las tensiones entre socios. La IA puede facilitar el acceso a la información y acelerar ciertas tareas, pero no asume en solitario la responsabilidad de la recomendación y no conoce espontáneamente estos elementos. El papel del abogado consiste en conectar el derecho, la estrategia y la realidad humana de la empresa.
Esta evolución no reduce, según la autora, el valor del asesoramiento. Desplaza el centro de gravedad del servicio: la producción documental pesa menos, mientras que el criterio, la anticipación, la pedagogía y la capacidad de decisión se vuelven más visibles.
Tarifa plana, fases, suscripción: la transparencia se vuelve indispensable
Salir de la lógica horaria no significa adoptar una tarificación opaca. El artículo 10 de la ley del 31 de diciembre de 1971 hace depender los honorarios de la situación patrimonial del cliente, de la dificultad del caso, de los gastos incurridos, de la notoriedad del abogado y de su diligencia. El tiempo no figura en él como tal.
Pueden coexistir varios modelos. La tarifa plana se adapta a servicios con un alcance definido de antemano, la facturación por fases a operaciones con varias etapas, y la suscripción a las necesidades recurrentes de ciertas empresas. Un honorario complementario por resultado puede añadirse, ya que la ley solo prohíbe fijar los honorarios en función del resultado judicial exclusivamente. La tarifa horaria conserva su lugar para las situaciones imprevisibles.
Este cambio supone que los despachos conozcan mejor sus costes, definan sus procesos y presenten sus honorarios con mayor claridad. La autora ve en la IA un revelador: pone de manifiesto una debilidad antigua de las profesiones de asesoramiento, la confusión entre tiempo movilizado y valor creado. El verdadero desafío es ahora construir una tarificación comprensible para el cliente, viable para el despacho y coherente con la realidad del trabajo jurídico.
