El Tribunal de Cuentas invita al Estado a reducir su dependencia del editor estadounidense Microsoft. En un informe publicado el 22 de octubre de 2026, estima que la migración a soluciones libres podría generar varias decenas de millones de euros de ahorro al año, mientras que el gasto del Estado en herramientas de oficina y colaborativas alcanzó aproximadamente 100 M€ en 2025.
El Tribunal insta a los ministerios a acelerar su migración hacia software libre, cuyo código puede ser consultado, usado y modificado por todos. El objetivo es iniciar el movimiento en 2027 y llevar la transición en tres a cuatro años, lo que podría conducir a una salida progresiva de Microsoft en el horizonte 2031.
El tema no es nuevo, pero el Tribunal pretende esta vez acelerar el movimiento. De los aproximadamente 100 M€ gastados en 2025, 61 M€ corresponden a licencias de software, y Microsoft capta cerca del 80 %. Según los datos citados en el informe, la factura ha aumentado un 50 % en cinco años. Para los magistrados financieros, seguir comprando licencias Microsoft, incluso alojadas en una nube de confianza, no basta para reducir la dependencia tecnológica.
Ahorros que aún quedan por concretar
El argumento financiero pesa en las recomendaciones. El Tribunal estima que una generalización de suites de oficina libres instaladas en los puestos de trabajo podría generar entre 30 y 65 M€ de ahorro al año. En un escenario basado en la nube, la diferencia sería mayor: alrededor de 100 € por puesto y por año para una suite libre alojada en un entorno SecNumCloud, frente a 250 € para Microsoft 365.
Estas estimaciones proporcionan un orden de magnitud, pero no constituyen ahorros garantizados. Será necesario financiar la migración, adaptar algunas aplicaciones y acompañar a los agentes en el cambio. Los ministerios también deberán gestionar los documentos existentes y las herramientas de negocio que dependen de funcionalidades propias del entorno Microsoft. El coste medio anual de las herramientas de oficina varía mucho de un ministerio a otro, lo que refleja diferencias de alcance, equipamiento y uso. Antes de fijar objetivos comunes, el Estado deberá disponer de una visión más precisa de sus parques y de sus contratos.
Alojar Microsoft en Francia no basta
Varias administraciones contemplan conservar los softwares Microsoft mientras los alojan en una nube que cumpla con los requisitos franceses de seguridad. Es, entre otras cosas, la lógica del proyecto Bleu, impulsado por Orange y Capgemini. Para el Tribunal, este enfoque no lo resuelve todo: aunque estén alojadas en Francia, las soluciones siguen vinculadas a un editor estadounidense sujeto al derecho de los Estados Unidos. El recurso a una nube de confianza puede aportar garantías importantes, sin eliminar la dependencia del editor ni las cuestiones jurídicas relacionadas con el acceso a los datos.
El Estado ya cuenta con una base con La Suite numérique, el conjunto de herramientas colaborativas desarrollado bajo la iniciativa de la Dirección Interministerial del Digital (Dinum). Aplicaciones como Tchap y Visio ya se utilizan en las administraciones. Sin embargo, el dispositivo aún no cubre todas las necesidades de una suite de oficina completa: el procesador de textos, las hojas de cálculo, el intercambio de documentos y la integración con aplicaciones de negocio siguen por consolidar. El Tribunal también señala las limitaciones del modelo de desarrollo actual, que se apoya especialmente en desarrolladores independientes, y recomienda recurrir más a empresas especializadas en software libre, capaces de garantizar el desarrollo, el soporte y el mantenimiento a largo plazo.
Una obra que supera a las simples direcciones informáticas
El Tribunal solicita que la migración se prepare a partir de 2027, dentro de un plan de tres a cuatro años como máximo. Este calendario aún debe traducirse en decisiones operativas, ya que los contratos, las restricciones técnicas y los usos no son idénticos de un ministerio a otro. El gobierno, por su parte, prevé reforzar la gestión del digital del Estado, con la creación anunciada de Ariane el 1 de enero de 2027, destinada a suceder a la Dinum.
Las direcciones informáticas deberán equilibrar entre los ahorros esperados, los costes de transición, los requisitos de seguridad y las necesidades de los usuarios. Algunos usos podrán migrar rápidamente a soluciones libres, mientras que otros requerirán más tiempo, sobre todo cuando aplicaciones de negocio o macros, esos pequeños programas que automatizan tareas en un documento, dependan estrechamente de Microsoft.
