Francia debate una propuesta de ley que enfrenta al director de Mistral, Arthur Mensch, con los representantes de los creadores. Aprobado por el Senado el 8 de abril de 2026, el texto debe ser examinado en la Asamblea Nacional, donde su estudio se ha pospuesto al 19 de noviembre.
Impulsado por los senadores Laure Darcos (Essonne, grupo Les Indépendants – République et Territoires), Agnès Evren (París, LR) y Pierre Ouzoulias (Hauts-de-Seine, PCF), el texto pretende establecer una « presunción de utilización de contenidos culturales » por parte de los proveedores de IA. Presentado en diciembre de 2025, fue aprobado casi en su redacción inicial. Su disposición principal prevé presumir que un sistema de IA ha explotado una obra « desde el momento en que un indicio relativo al desarrollo o al despliegue de dicho sistema o al resultado generado por este hace verosímil dicha explotación ».
Una presunción criticada por la industria
Unas semanas antes de la votación, Arthur Mensch había sugerido otra vía: la creación de un « fondo europeo para la creación », al que los proveedores de modelos de IA contribuirían proporcionalmente a su volumen de negocio. El director de Mistral precisaba que este mecanismo no sustituiría los acuerdos de licencia ni las « relaciones directas » entre creadores y proveedores. En cambio, veía en ello una « certeza jurídica », a diferencia de un régimen de opt-out, es decir, de retirada voluntaria por parte de los titulares de derechos, que considera « imposible de poner en práctica ».
La Publishers Association, en el Reino Unido, había reaccionado a estas declaraciones. Su director ejecutivo afirmó que Arthur Mensch suponía que las empresas tecnológicas tenían derecho a utilizar lo que quisieran sin permiso, « y pedir perdón después ». Invitó a Mistral a adquirir licencias comerciales, « como paga a sus empleados o sus facturas de electricidad ».
Arthur Mensch lamenta que una presunción desencadenada por un simple indicio invierta la carga de la prueba. Según él, demostrar que una obra no ha sido utilizada exigiría, sobre un corpus de miles de millones de palabras, revelar secretos industriales. Reconoce que la presunción es refragable, es decir, que puede ser revocada, y limitada al ámbito civil, pero considera que probar lo negativo sin divulgar sus métodos es imposible a la escala del entrenamiento de un modelo frontera.
Los titulares de derechos reclaman licencias
En una tribuna firmada conjuntamente por la SACEM, el SNE y la SACD, los representantes de la cultura y la información afirman que « Francia no tiene que arbitrar entre potencia tecnológica y potencia cultural ». Según estos firmantes, los proveedores de IA no tienen que temer una multiplicación de litigios ni una violación del secreto comercial, dos riesgos que Arthur Mensch dice temer.
Laure Darcos responde que Francia no debería rechazar toda regulación, cuando « los propios estadounidenses se hacen preguntas ». Considera que el secreto comercial no puede excusar una violación del derecho fundamental de propiedad, y declara que « los jueces sabrán organizar la confidencialidad ». Su colega Laurent Lafon (Union centriste et Indépendants, Val-de-Marne) habla por su parte de un « combate de retaguardia », y menciona California, que ha empezado a legislar sobre el desarrollo de la IA.
Durante los Rencontres cinématographiques de l’ARP, Xavier Bertrand, presidente de la Región Hauts-de-France, mostró su apoyo a la propuesta de ley. Isabelle Degeorges, presidenta de Gaumont Télévision, se muestra contraria al fondo europeo. « Los creadores no son mendigos », declaró, pidiendo que « las obras utilizadas sean declaradas » y que « se puedan negociar licencias ». Según Blaise Mistler, director de relaciones institucionales de la SACEM, los titulares de derechos han « hecho parte del camino », en particular iniciando discusiones con Mistral, « sin lograr abrir verdaderas negociaciones de licencias ».
Una enmienda para restringir el alcance del texto
En la Asamblea Nacional, el diputado Éric Bothorel (Côtes-d’Armor, adscrito al grupo Ensemble pour la République, ex-Renaissance) propuso sustituir « sistema » por « modelo » en el texto, lo que excluiría a los actores aguas abajo. Su enmienda, « trabajada con la Fédération française des télécoms », fue rechazada por la comisión de asuntos culturales, educación y deporte, al igual que sus otras enmiendas. Considera el ámbito de aplicación « demasiado amplio y no justificado ».
Una enmienda de supresión, que retoma los argumentos del Conseil national des barreaux, recuerda la existencia de un marco europeo « ya armonizado y plenamente aplicable », en particular la directiva DAMUN (2019/790) y la AI Act. Éric Bothorel también considera que el criterio de « indicio que hace verosímil » es « amplio e impreciso ». El grupo Ensemble pour la República ha presentado además 110 enmiendas, la mayoría firmadas por Prisca Thevenot (Hauts-de-Seine).
