El Tribunal de Casación anuló, el 7 de octubre de 2026, una sentencia de la corte de apelación de París que había descartado la responsabilidad personal de un gerente en un caso de contrafacción de marca. En adelante, cuando un titular de derechos sostenga ante el juez civil que el directivo ha cometido el delito de contrafacción, este juez debe investigar si sus actos lo constituyen. El análisis está firmado por Philippe Schmitt, abogado en París.
El caso concernía a una marca utilizada para fertilizantes y retenedores de agua. Su titular y su licenciatario reprochaban a una SARL vender productos bajo esta marca en un sitio cuyo nombre de dominio la contenía. Condenada por contrafacción por el tribunal judicial de París el 8 de febrero de 2022, la sociedad no había ejecutado la orden del juez de la puesta en estado de comunicar sus facturas y sus extractos contables, y la astreinte, suma debida por cada día de retraso, había tenido que ser liquidada.
Los titulares de los derechos se dirigieron entonces hacia el gerente, con base en el artículo L. 223-22 del Código de comercio. El tribunal, y luego la corte de apelación de París el 10 de enero de 2025, los desestimaron. Los jueces consideraron una titularidad « discutible », productos comprados a un antiguo distribuidor, hechos de una « gravedad moderada » y la ausencia de prueba de que el gerente conocía los derechos.
El juez civil debe calificar los hechos
Según Philippe Schmitt, el Tribunal retoma primero el principio establecido en 2010: el gerente que comete una falta constitutiva de una infracción penal intencional, separable de sus funciones sociales, compromete su responsabilidad civil frente a terceros. De ello extrae una regla nueva. Cuando el juez civil es requerido por una contrafacción de marca cometida intencionalmente por el gerente, debe verificar si sus actos constituyen este delito. Para el autor, los motivos de la corte de apelación sobre la gravedad moderada de los hechos se vuelven desde entonces inoperantes.
El Tribunal también consideró que la negativa del gerente a ejecutar una decisión judicial que ordena la producción de documentos constituye una falta intencional « de una particular gravedad, incompatible con el ejercicio normal de las funciones sociales ». La corte de apelación había estimado lo contrario, lo que conduce a la casación.
Límites a tener en cuenta
La abogada general proponía que el juez civil procediera de oficio a esta investigación. El Tribunal no la siguió: solo se debe « cuando se sostiene » que el delito está constituido. Por otra parte, la sentencia versa sobre las marcas. Su trasposición al derecho de autor, en el centro del debate sobre el entrenamiento de los modelos de IA, sigue siendo según el autor una extrapolación que el Tribunal aún no ha validado. Por último, la sentencia se refiere a un gerente de SARL, mientras que las empresas de IA suelen ser SAS, pero la definición de la falta separable sería común a todos los directivos de derecho.
La buena fe, punto central
En materia civil, la buena fe del contrafactor es indiferente. Para el directivo, es ahora el elemento moral del delito lo que cuenta. El autor recuerda que la intención penal se deduce de la materialidad de los hechos, salvo que el acusado pruebe su buena fe, lo que hace difícil la prueba para un profesional del sector. La sala penal admite sin embargo que la buena fe resulta de verificaciones efectivamente realizadas, como indica una sentencia del 18 de mayo de 2011.
